Durante el evento, en el que firmó un convenio de colaboración institucional para la implementación de la Red de Atención a Víctimas del Delito de secuestro en la entidad, con Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Marco Antonio Morales Gómez, comisionado estatal de Derechos Humanos, el mandatario estatal señaló que México vive hoy una situación de excepción, pues la creciente sofisticación y violencia de las actividades de los grupos delincuenciales ha desafiado la capacidad y eficiencia de las Instituciones; sin embargo, es indispensable evitar que la impunidad se consolide como práctica cotidiana; que siga contaminando a las Instituciones y vulnerando al estado de derecho.
Agregó que la situación que vive el país no puede servir de justificación para ser omisos en la aplicación de la ley ni, lo que es más grave, para reiterar la nociva impunidad que tanto lesiona al Estado de Derecho y afecta la vida diaria de los mexicanos.
Precisó que de acuerdo con datos de la Séptima Encuesta Nacional de Inseguridad, en 2009 el 78 por ciento de las personas que fueron víctimas de algún delito no lo denunciaron; de ellos, el 51 por ciento indicó que denunciar es un trámite largo y difícil o una pérdida de tiempo y el 15 por ciento aseguró que no denuncia porque simplemente no tiene confianza en las instituciones.
Peña Nieto expresó que es lamentable que una víctima, después de haber sido vulnerada por un delincuente, sea nuevamente lastimada por autoridades a veces insensibles, ineficaces y, lo más grave, corruptas.
Por ello, agregó, desde el Estado de México se ha postulado la necesidad de que México cuente con un Estado eficaz, que haga efectiva la impartición de justicia y promueva una nueva cultura de respeto pleno a los derechos humanos; un Estado eficaz, que promueva la lucha frontal contra la impunidad, no sólo contra el crimen organizado; en donde los delitos sean verdaderamente investigados, los culpables sentenciados a una justa condena y, por supuesto, las víctimas auxiliadas y, en la medida de lo posible, resarcidas para superar esa condición.
En presencia de Lucila Garfias Gutiérrez, presidenta de la 57 legislatura local; y Baruch Delgado Carbajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el mandatario estatal señaló que hoy, más que nunca, es imperativo consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, empezando por los propios servidores públicos y las fuerzas del orden.
Ante Ernesto Némer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 57 legislatura local; Rubén Pérez Ramírez, comandante de la 22 Zona Militar y Alfredo Castillo Cervantes, procurador General de Justicia en la entidad, Peña Nieto expresó que para la víctima de un delito lo que le corresponde no es solamente que el agresor cumpla una condena; también merece ser auxiliada y resarcida para que, en la medida de lo posible, pueda recuperar la situación que vivía antes de la comisión de dicho delito.
Desde esta óptica, agregó, sin una adecuada atención para las víctimas, la justicia es incompleta y se vulnera la convivencia armónica de la sociedad, de ahí la importancia de poner en el primer lugar de nuestras prioridades institucionales la protección del ciudadano y su patrimonio pero, sobre todo, la protección de su vida e integridad física.
Luego de hacer el compromiso de enviar las propuestas que hizo la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, al Congreso local, refirió que en el Estado de México, desde 1969 se promulgo la Ley sobre Auxilio a la Víctima, que constituye el primer antecedente en materia de protección a las víctimas del delito en todo el país; recientemente, nuestra entidad ha sido una de las primeras en incorporar ese orden jurídico institucional, el Sistema Penal Adversarial, Oral y Acusatorio.
Dentro de dicha reforma y considerando el nuevo Catálogo de Derechos que se establece a nivel constitucional para la víctima u ofendido, se han realizado acciones claras para su plena implementación.
Por iniciativa del titular del Ejecutivo estatal, mencionó que la legislatura local aprobó la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México y ahora se cuenta con el Sistema Integral de Protección a Víctimas del Delito; se creó el Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del hecho Delictuoso, y se transformó el Instituto de Atención a las Víctimas del Delito en la entidad y se crearon 24 Unidades de Atención a Víctimas del Delito, para tener en total 45, con el objetivo de acercar a un mayor número de personas y comunidades a los servicios que se ofrecen en este rubro.
Al atestiguar la firma del acta de instalación del comité regional contra la trata de personas, que incluye a las entidades de Hidalgo, México, Morelos y Querétaro, el gobernador refrendó la disposición del gobierno del estado para coadyuvar con instancias de defensoría, ya que "en el Estado de México trabajamos generando condiciones que aseguren una procuración de justicia profesional, oportuna y asistida, con pleno respeto a los derechos humanos".
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, expresó que las secuelas del delito no han sido entendidas y atendidas en su justa dimensión, pues cuando se lastima a una persona, no sólo se afecta a la víctima sino que en muchos casos se daña a su familia, amigos e, inclusive, a la sociedad.
De tal manera, agregó, es muy importante tener presente que la victimización va más allá de la persona, en la cual recaen las consecuencias del delito, y añadió que la falta de atención y la indolencia en el trato de la víctima, provocada por la indiferencia institucional da paso a que en muchos casos se genere temor y desconfianza.
Indicó que para mejorar la condición de vulnerabilidad de las víctimas del delito es necesario unir esfuerzos, por lo que en la CNDH están convencidos que es muy difícil que se pueda salir adelante si sólo se ven como una responsabilidad del estado; es importante sumar esfuerzos sociedad civil e instituciones públicas para lograr alcanzar los ideales que están previstos en la ley.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, dijo que ahora más que nunca se debe tomar en cuenta los derechos de las víctimas, ya que debe haber un equilibrio entre el procesado y la víctima.
Resaltó que se recomienda, como lo exigen los instrumentos internacionales sobre víctimas, mecanismos para la reparación del daño a grupos de víctimas; deben de examinarse los procedimientos para la determinación de las circunstancias de modo, lugar y tiempo del acto de violencia, no sólo en el homicidio de mujeres sino en su desaparición o en violencia sexual para que, las policías, con autorización judicial, ejerzan sus facultades de investigación.
Propuso regular los refugios para dar protección a las víctimas del delito y ahondar en la importancia de ofrecer programas de recuperación e inserción en casos de emergencia y albergues a casos de transición para que las mujeres puedan romper con el círculo de violencia.
Añadió que es importante incluir y ampliar, así como reforzar, programas eficaces, de rehabilitación y capacitación que les permitan a las víctimas participar plenamente en la vida pública, privada y social; se debe ampliar la normatividad del Estado de México para considerar que dentro de la investigación se debe de revisar si la víctima sufrió algún tipo de violencia.
En la exposición de motivos, el ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, expresó que este evento es reflejo de su determinación para que la conciencia de la figura de la víctima adquiera más y mejores espacios en la sociedad, por lo que se está en la inmejorable oportunidad de que se puedan desprender los acuerdos y las estrategias para fortalecer la cultura de la legalidad y el tránsito de nuestro país por la ruta del bienestar, el progreso y la paz social.
Agregó se requieren mecanismos reales y efectivos para evitar la impunidad y resarcir, de manera adecuada, los daños ocasionados por la comisión de un delito; "requerimos de un sentimiento solidario de autoridades, instituciones, académicos y sociedad civil, que permita aliviar, y no aumentar, el sufrimiento de la víctima con la insensibilidad social y la indiferencia burocrática".
Morales Gómez resaltó que la asistencia de más de 26 estados de la república es el reflejo de su compromiso con los derechos humanos y de lealtad con la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho y el combate eficaz al flagelo de la delincuencia y los delitos que atentan contra la estabilidad social.
Al dar la bienvenida, la alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia, dio a conocer que en México la sociedad ha hecho patente el supremo interés de fortalecer sus relaciones, bajo los principios de orden, respeto, equidad y solidaridad, permitiendo que nuestro país sume su voluntad de construir una nación donde prevalezcan por encima de cualquier circunstancia los derechos humanos y las garantías que las ley reconoce y otorga.
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