jijo de rana esto está peliagudo La Alianza México-Centroamerica para el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia y Femicidio/Feminicidio, conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Nicaragua, en colaboración con la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios en la República Mexicana de la Cámara de Diputados y el ILANUDH, organizó la visita de una Misión Internacional "Por el acceso a la Justicia para las Mujeres", a cinco países de la región en los que el asesinato de mujeres por ser mujeres y la impunidad asociada a estos crímenes, constituyen una flagrante violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, problemática que no está siendo atendida debidamente por las autoridades correspondientes de ninguno de los países. La Misión está integrada por expertas y expertos en derechos humanos y violencia contra las mujeres, así como organizaciones de la sociedad civil de España, Guatemala y Costa Rica, quienes visitaron en esta primera etapa a Honduras, Nicaragua y México.
Esta Misión tiene el objetivo de establecer una agenda mínima de acciones urgentes con los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, dirigidas a la erradicación de este flagelo, a partir del análisis de las dimensiones que ha alcanzado el femicidio/feminicidio y de la ineficaz actuación de las autoridades del sistema de justicia y de las instituciones responsables de establecer medidas de protección para la vida y la seguridad de las mujeres mexicanas.
Los hallazgos de la visita permitieron encontrar una serie de rasgos comunes del fenómeno entre estos países, a pesar de sus grandes diferencias en cuanto a tamaño de la economía, nivel de desarrollo político, magnitud de la población y extensión territorial. Entre éstos, una fuerte militarización de las funciones policiales, niveles considerables de violencia social, elevada ineficacia de las instituciones de procuración de justicia en los casos de asesinatos de mujeres, e impunidad.
En México, ante la situación de violencia criminal y en el marco de una virtual guerra contra el narcotráfico que arroja casi 30 mil muertos en los últimos cuatro años, se han invisibilizado los feminicidios que se extienden a más de la mitad de las entidades federativas y se tiende un velo de ignorancia sobre el recrudecimiento de la violencia en contra de las mujeres en todo el país. Ciudad Juárez sigue siendo por desgracia el caso paradigmático de la violencia feminicida: entre enero de 2008 y marzo de 2010, se alcanzó el mismo nivel de feminicidios acumulados durante los 14 años precedentes: 567 casos de feminicidio. Sin embargo, en este mismo periodo los homicidios de mujeres se han incrementado de manera exponencial en entidades como el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.
De la misma manera, la extendida insensibilidad e ineficacia de las autoridades mexicanas encargadas de la procuración de justicia ante las desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, adolescentes y jovencitas sobre todo de sectores de escasos recursos, continúa obstaculizando el debido proceso, las investigaciones y la justicia para las víctimas y sus familiares. Se ha llegado al caso extremo e inadmisible de responsabilizar a las víctimas de su muerte y de involucrar a sus familiares a partir de estereotipos sexistas, misóginos y discriminatorios.
Ante las integrantes de la Misión, las autoridades mexicanas establecieron los siguientes compromisos puntuales, mismos que serán objeto de seguimiento por parte de las organizaciones civiles nacionales e internacionales, los mecanismos internacionales de derechos humanos de las mujeres y la propia Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados:
1.La Procuraduría General de la República (PGR) incorporará en la Conferencia Nacional de Procuradores la adopción de un registro unificado de denuncias sobre casos de mujeres desaparecidas, o asesinadas en homicidios dolosos; agilizará la integración del banco de datos genético; estandarizará con perspectiva de género los protocolos de investigación criminal y desaparición en todo el país, y reelaborará el Protocolo Alba para búsqueda de desaparecidas.
2.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaborará un diagnóstico nacional sobre la situación del feminicidio y desapariciones de mujeres en México, con la colaboración del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y las recomendaciones de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados.
3.El Consejo de la Judicatura Federal hará difusión amplia de la sentencia de Campo Algodonero emitida contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; capacitará de manera sistemática a los jueces y juezas sobre el enfoque de género en materia de justicia y derechos humanos de las mujeres de los diversos instrumentos internacionales signados por México para que sean incorporados en decisiones judiciales; dará seguimiento y evaluará la actuación de las y los juzgadores en casos de homicidios dolosos en contra de mujeres.
4. La Secretaría de Gobernación (SG) modificará el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para eliminar los obstáculos a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y emitirá un informe a la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sobre los avances del cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero.
5.La Ministra Sánchez Cordero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó su preocupación por la existencia de la discriminación y desprecio contra las mujeres que se expresan en algunas sentencias. Se comprometió en la medida de sus competencias, a seguir impulsanbdo medidas para la eliminación de estereotipos que refuerzan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Las organizaciones que conforman el OCNF y la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados por su parte, se encargarán de vigilar el cumplimiento puntual de estos compromisos, de manera que puedan ser integrados a los próximos informes sobre la implementación de las recomendaciones hechas al gobierno mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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